Durante los tres años del gobierno de Salvador Allende, 1970-1973, fracasaron también los esfuerzos de las dos cancillerías con el objeto de reanudar relaciones diplomáticas. En agosto de 1971 subió a la Presidencia el general Hugo Banzer y dos años después, en septiembre de 1973, otro general, chileno esta vez, asumió el mando en Chile: Augusto Pinochet. Ambos llevarían a cabo una de las gestiones más importantes –junto a la de 1895– destinadas a solucionar la mediterraneidad de Bolivia.
En marzo de 1974, los dos Jefes de Estado se encontraron por primera vez en Brasilia, en la transmisión del mando del Presidente Geisel, y acordaron “resolver asuntos pendientes y fundamentales para las dos naciones”. Era un adelanto después de doce años sin relaciones diplomáticas.
En diciembre siguiente, Chile y delegados de otros ocho países firmaron en Lima la Declaración de Ayacucho que se refiere “a la mediterraneidad que afecta a Bolivia”.
Ese verano, el 8 de febrero de 1975, se reunieron en la localidad boliviana de Charaña, por iniciativa chilena, los generales Pinochet y Banzer; acordaron reanudar relaciones diplomáticas y, por primera vez desde 1961, resolvieron “que continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno”.
Como en tantas otras oportunidades, la nueva etapa de aproximación se iniciaba llena de optimismo y transcurridos varios meses de reuniones y consultas, el embajador de Bolivia, Guillermo Gutiérrez
Vea Murguía, presentó, con fecha 26 de agosto de 1975, una propuesta formal con las pretensiones bolivianas, redactado sobre la base de un estudio preparado por la Comisión Marítima del país altiplánico. El mes era de especial significación pues se estaba celebrando el Sesquicentenario de la Independencia.
La propuesta tenía dos puntos fundamentales que conviene transcribir íntegros:
“1. Cesión a Bolivia de una costa marítima soberana entre la línea de la Concordia y el límite del radio urbano de la ciudad de Arica. Esta faja deberá prolongarse con una faja territorial soberana desde dicha costa hasta la frontera boliviano-chilena, incluyendo la transferencia del ferrocarril Arica La Paz.”
El otro punto era nuevo en las centenarias conversaciones marítimas, que siempre se habían reducido a la región ariqueña:
“2. Cesión a Bolivia de un territorio soberano de 50 kilómetros de extensión a lo largo de la costa y 15 kilómetros de profundidad, en zonas apropiadas a determinarse, alternativamente, próximas a Iquique, Antofagasta o Pisagua.”
Y no se trataba de una u otra proposición, sino, como explicó el embajador Gutiérrez: “Manifesté al canciller que se trataba de un paquete de conjunto englobando todos los aspectos que preocupaban a mi país”.
Respecto al puerto de Arica, Bolivia pedía autonomía en sus operaciones; en lo referente al enclave, la propiedad de carreteras, ferrocarriles o poliductos, los que, por supuesto, serían de libre circulación para Chile.
En la nota no se hablaba de “compensaciones”, usándose, en cambio, la palabra “aportes”. De más parece decir que la proposición. trataba de dejar contentos en Bolivia tanto a los “practicistas” (que se contentan con un corredor), como a los “reivindicacionistas”, que desean recuperar el litoral perdido en Antofagasta.
Pasaron tres meses y medio, mientras Chile redactaba su respuesta. En el intertanto renunció el embajador Gutiérrez molesto porque elementos de su país lo habían calificado de “complaciente con el pensamiento chileno”. Renuncia que luego retiró. Pero era indudable que el gobierno de La Paz estaba descontento con el de La Moneda, no solo por la demora en contestar, sino por lo que calificaban de actitud ambigua chilena para reconocer, francamente, que lo que se discutía era “salida soberana al mar de Bolivia” y no solamente medidas destinadas a un acercamiento para mejorar relaciones... Se trataba –y se repetiría en 1986– de recelos y desconfianzas provocados por el largo periodo sin relaciones diplomáticas. Se comprobaba, una vez más, que el rompimiento de relaciones a que Bolivia es tan afecto, con rompimiento de relaciones a que Bolivia es tan afecto, constituye un grave error que solo le causa problemas a ese país y ninguna ventaja.
Finalmente, el 12 de diciembre de 1975, la Cancillería chilena comunicó verbalmente una respuesta que el 16 de ese mes Bolivia aceptó por escrito. Era la contrapropuesta de Chile que el 19 de diciembre debió ser entregada nuevamente y esta vez por escrito. De ella deseo destacar los siguientes puntos fundamentales:
“4) d) Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia la Cesión de una franja de territorio al Norte de Arica hasta la Línea de la Concordia, en base a las siguientes delimitaciones:
“ Límite Norte: el actual límite de Chile con Perú.
“ Límite Sur: la Quebrada de Gallinazos y el borde Norte superior de la quebrada del río Lluta (en forma de que la carretera A-15 de Arica a Tambo Quemado quede en su totalidad en territorio chileno) hasta un punto al Sur de la Estación de Puquios y luego una línea aproximada recta que pase por la cota 5370 del Cerro Nasahuento y se prolongue hasta el actual límite internacional de Chile con Bolivia.
“ Superficie: la Cesión incluiría el territorio terrestre ya descrito y el territorio marítimo comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa que se cedería (mar territorial, zona económica y plataforma submarina)”.
Con este párrafo de la contraproposición chilena, el gobierno de nuestro país volvía, en materia de comunicación soberana de Bolivia con el Pacífico, a una etapa de comprensión y entendimiento de las aspiraciones marítimas altiplánicas.
Se rechazaba –y nadie esperaba que se aceptara– el enclave solicitado dentro del “paquete” de la proposición; pero, lo más importante, por primera vez Chile exigía una compensación territorial en esta centenaria negociación entre los dos países: “una superficie compensatoria equivalente como mínimo al área de tierra y mar cedida a Bolivia”; Bolivia pagaría por el aeropuerto de Chacalluta, el ferrocarril de Arica a Bolivia y demás instalaciones y construcciones estatales existentes en el corredor.
Además, Chile sería autorizado a aprovechar la totalidad de las aguas del río Lauca; el territorio cedido quedaría desmilitarizado y no se podrían entregar a una tercera potencia; se dejaría testimonio “solemne” de que ésta sería la “solución plena y definitiva de la situación de mediterraneidad de Bolivia”.
Fue, indudablemente, curiosa la actitud chilena de proponer en su inicio, solo verbalmente, algo tan trascendental como una cesión territorial. Que luego, como dije, tuvo que reiterar por escrito. La aceptación tuvo que reiterar por escrito. La aceptación boliviana fue doble: primero, un sí a los “términos generales de la respuesta”; un sí con “agradecimiento”, a la “decisión... de conceder a Bolivia una costa marítima soberana, unida al territorio soberano por una faja territorial igualmente soberana”; y una precisión de que los demás planteamientos bolivianos “serán objeto de negociaciones”.
Retrocedía la historia diplomática a esos meses iniciales del año 1895, en que el joven ministro Luis Barros Borgoño iniciaba la negociación portuaria con el ministro plenipotenciario de Bolivia, Heriberto Gutiérrez. Ahora era un almirante chileno, Carvajal, que hacía entrega de la respuesta chilena a un bisnieto de Gutiérrez, a Guillermo Gutiérrez Vea Murguía.
Pero ya no se entregaban las extensas provincias de Tacna y Arica, “si por plebiscito o arreglo directo se adquiriesen”, o “la caleta de Vitor hasta la Quebrada de Camarones u otra semejante”, recibiendo por esta venta o Cesión una compensación de “cinco millones de pesos de plata”. Ahora se entregaba un territorio calculado en unos 3.000 kilómetros cuadrados de superficie (2.000 según Gutiérrez Vea Murguía), terminado en una playa de unos ocho kilómetros de largo, y su mar correspondiente, entre la Quebrada de Gallinazos y la Línea de la Concordia, canjeados, tierra y mar chilenos, por una superficie compensatoria equivalente de territorio terrestre boliviano.
Claro que en 1975 había algo que complicaba las cosas: la negociación tendría buen término si así lo quería Perú, de acuerdo con el Art. 1º del Protocolo de 1929. Para lograr ese “acuerdo previo”, el subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores de Chile y funcionario de carrera, Javier Illanes, que mucho debió moverse por esos días, entregó otra nota el 19 de diciembre, esta vez a la Embajada del Perú. Se ponía así en movimiento, por primera vez, el mecanismo acordado para la Cesión de Tacna o de Arica.
El gobierno peruano respondió doce días después. No fue el simple sí o no que esperaba la Cancillería chilena, sino un primer acuse de recibo, el 31 de ese mismo mes de diciembre de 1975.
Chile y Bolivia: ¡Hasta cuándo!
Óscar Pinochet de la Barra
